24 de mayo de 2012
Fuente IDL reporteros
Escrito por Gustavo Gorriti
“El año pasado mataron a toda mi familia” dice Miguel Ángel López Solana, periodista de Veracruz, México, que luego aguantó lo que pudo, hasta que, después de “vivir con el pesar … yo huí, huí hasta que me agarró la noche”.
López Solana se encuentra, el martes 22, en Austin, la capital de Texas, ante un auditorio silencioso de periodistas, funcionarios de organizaciones de protección a la libertad de prensa, promoción de la democracia y defensa de los derechos humanos. En la atención absorta del auditorio hay gestos de contenido horror, de profunda tristeza y de indignación.
Al término de dos días de exposiciones y debates sobre cómo mejorar la seguridad y la protección para “periodistas, blogueros y periodistas ciudadanos”, Rosental Alves, el director del Centro Knight para el Periodismo en las Américas en la universidad de Texas, en Austin, que ha organizado el evento, anuncia un“choque de realidad”, e invita a López Solana al proscenio, a referir su historia de desgarro personal que es, a la vez, espejo de la la oscuridad siniestra que envuelve a la prensa mexicana.
El 20 de junio de 2011, López Solana, periodista del periódico Notiver, de Veracruz, recibió una llamada de Gabriel Huge, otro periodista del mismo diario. “Me telefoneó para que fuera a mi casa” con urgencia, dice. Solo cuando López Solana llegó, Huge le contó lo que acababa de pasar.
“Habían matado a mi padre, a mi madre y a mi hermano”. En la casa, aturdido por el dolor, López Solana vio los tres cadáveres acribillados a balazos.
El padre, Miguel Ángel López Velasco, era subdirector y columnista en el periódico “Notiver”, de Veracruz; el hermano, Misael López Solana, era fotógrafo en el mismo periódico; y junto con ellos estaba la esposa y madre, Agustina Solano de López.
López Velasco fue uno de los periodistas más veteranos de Veracruz, con conocimiento de la cobertura policial. Sus colaboradores más cercanos eran Yolanda Ordaz y Gabriel Huge.
Un mes después de los asesinatos de la familia López, el 23 de julio de 2011, Yolanda Ordaz desapareció. Su cuerpo degollado fue encontrado tres días después.
“A los amenazados los corren” dijo Pastrana, “amenaza es sinónimo de desempleo”.
El 3 de mayo de este año, el cadáver desmembrado de Gabriel Huge fue hallado junto con los restos también mutilados de los fotoperiodistas Guillermo Luna y Esteban Rodríguez; y los de Irasema Becerra, la pareja de Guillermo Luna.
Ese fue el epílogo brutal de meses de terror para las víctimas. Huge dejó Notiver (según otras fuentes, Notiver lo despidió cuando supo que estaba marcado), huyó a Tabasco y, meses después, apremiado por la falta de trabajo, regresó a Veracruz, pidió empleo, no se lo dieron, y en esa condición lo secuestraron y mataron.
Guillermo Luna se había quedado en Veracruz, pero había dejado Notiver (de acuerdo con las fuentes, fue echado en cuanto lo supieron en peligro).
Esteban Rodríguez había abandonado el periodismo, convencido de su peligro, y trabajaba como soldador en un taller de mecánica. Hasta ahí fueron a buscarlo sus verdugos.
Como dice López Solana, “mi padre, Ordaz y Huge eran el uno, dos y tres de la redacción de Notiver”. Pero ni siquiera esa devastación fue suficiente para que el periódico defendiera firmemente a sus periodistas o pugnara por investigar y resolver los crímenes.
POCO después de la muerte de Ordaz y poco antes de la de Huge, se esparció rumores de que habrían colaborado con alguno de los grupos de crimen organizado. Ninguno de esos rumores, sin embargo, fue aclarado o investigado.
La corrupción entre los periodistas es, por desgracia, considerable en México (y también, salvo ciertas excepciones, en el resto de Latinoamérica). Pero hasta eso se hace posible por la complicidad directa o indirecta de los dueños de los medios.
“Un periodista promedio gana entre 300 y 400 dólares por mes. Le pagan 60 centavos de dólar por nota… tiene que hacer 10 notas al día”, dice Daniela Pastrana, directora de la organización ‘Periodistas de a pié’, que hace lo posible por llevar entrenamiento y solidaridad a sus colegas de regiones peligrosas.
Nadie puede esperar un trabajo de calidad bajo esas condiciones.
Esa actitud explica en buena parte la indefensión de la mayoría de periodistas, sobre todo los regionales. Como dijo Pastrana en el evento, “hay un desprecio de las autoridades, de los dueños de los medios, hacia los periodistas”.
Y si eso fue así en tiempos normales, los peligrosos de ahora no han despertado precisamente la solidaridad.
“A los amenazados los corren” dijo Pastrana, “amenaza es sinónimo de desempleo”.
Corridos de sus puestos de trabajo por dueños cobardes, cazados por el crimen organizado que se entrelaza con la corrupción pública y privada, sabiendo que su destino no moverá portadas sino acaso algunas menciones destinadas al olvido, la desesperación acorralada de los periodistas regionales de México representa ahora uno los peores escenarios de persecución al periodismo; y una virtual eliminación de la libertad de prensa por la intimidación y la brutalidad, pero no es, en modo alguno, el único punto de grave peligro en el continente para el periodismo y la democracia.
Resulta que en esta circunstancia de crisis, se ha desatado una ofensiva peligrosa en contra de las pocas organizaciones multilaterales que han empujado a los gobiernos latinoamericanos a defender los derechos individuales, la libertad de prensa e impedir su vulneración.
Durante la década de los 90 del siglo pasado, el enemigo declarado y abierto de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, fue Fujimori y su gobierno. Eso era una conducta explicable en una cleptodictadura, pero no esperable en democracia alguna.
Como resultado de las luchas de los periodistas frente a las dictaduras y gobiernos autoritarios del continente (entre las cuales el de Fujimori/Montesinos fue el último y uno de los más rapaces), surgió la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, que a pesar de situarse dentro de la fofa OEA cumplió un papel importante, junto con la sociedad civil, en defender la libertad de prensa en el continente.
Ahora resulta que una extraña coalición de gobiernos que quieren actuar sin contrapeso, busca recortar sustantivamente en la próxima asamblea general de la OEA, las facultades de la Comisión de Derechos Humanos y también, en especial, las de la Relatoría.
LOS miembros más abiertos de esa bochornosa coalición son los sospechosos habituales: Rafael Correa, de Ecuador; Hugo Chávez, de Venezuela. Pero, por increíble que parezca, el gobierno de Brasil parece apoyar esas iniciativas, contando con la aquiescencia del secretario general José Miguel Insulza.
Así, gente que presume de demócrata y progresista puede terminar el trabajo que empezó Fujimori. Permitir un retroceso de esa naturaleza no solo sería estúpido sino profundamente peligroso. El gobierno peruano – si guarda la inteligencia suficiente como para saber que hay asuntos, como este, en el que lo más pragmático es la defensa de principios– debe tomar una posición decidida para impedir lo que sería un retroceso a la situación de los años 70 y 80 del siglo pasado, con la adición del crimen organizado.
Aún en regiones asoladas por el mal, paralizadas por la corrupción y la cobardía, como ha sido el caso de Veracruz, la acción de algunos periodistas y unos pocos medios ya marcó una diferencia.
Miguel Ángel López Solana tuvo – como contó en Austin– la solidaridad del periódico La Jornada, del que era corresponsal.
“A mí La Jornada me ayudó, me pagó y orientó – dice López Solana–. Tanto la Jornada como el sindicato me apoyaron mucho”.
Esa ayuda contribuyó a salvarle la vida. Pero él y la prensa amenazada en el continente necesitan mucho más que eso: la gestión, entre otras cosas, de las organizaciones multilaterales de derechos humanos y libertad de prensa que ahora se encuentran en inesperado peligro.
