miércoles, 14 de octubre de 2009

Presidenta Argentina aprueba Ley "Anti-Clarín"

Cristina ya tiene más control sobre la prensa

Ley “anti-clarín”. El gobierno argentino ganó en la pugna por ley de medios audiovisuales.


Luego de maratónica sesión en el Senado se aprobó ley que era rechazada por la oposición y las empresas periodísticas.


Buenos Aires. EFE
Tras casi 20 horas de debate, la cámara alta convirtió en ley un proyecto que el Gobierno de la peronista Cristina Fernández había girado a finales de agosto al Parlamento para sustituir a una norma vigente desde la última dictadura militar (1976-1983).

Desde el Gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007), esposo y antecesor de Cristina Fernández, el Ejecutivo mantiene una tirante relación con la prensa y en los últimos años profundizó su enfrentamiento con el mayor conglomerado mediático del país, el Grupo Clarín, propietario de medios gráficos, televisivos, radiales y digitales.

Mientras el oficialismo interpretó que la ley aprobada permitirá “democratizar definitivamente” la comunicación en Argentina, sectores de la oposición y periodísticos consideraron que la nueva norma dará al Ejecutivo “mayor poder” sobre los medios de prensa.

“Entendemos que esta ley permitirá democratizar de forma definitiva los medios en el país”, indicó el jefe del gabinete de ministros, Aníbal Fernández, después de que el Senado concluyera su maratoniana sesión.

“La hicimos revisar por más de 80 foros, en audiencias públicas, y le realizamos más de 200 modificaciones. Se consultaron a tantos constitucionalistas como fueron necesarios para que el Parlamento discutiera una ley que estuviera a la altura de los argentinos”, destacó.

“Todos los presidentes desde la recuperación de la democracia (1983) habían presentado proyectos y ninguno lo pudo llevar a la práctica. Nosotros sí”, dijo.

Horas más tarde, Aníbal Fernández convocó a una rueda de prensa en la sede del Gobierno para anunciar que la ley ya fue “promulgada” por la mandataria y publicada en el Boletín Oficial.

“La presidenta se había impuesto la obligatoriedad de no viajar a la India si no se cumplía con este objetivo”, destacó el funcionario en referencia al viaje oficial de tres días al país asiático que Cristina Fernández emprenderá hoy.

Ernesto Sanz, senador de la opositora Unión Cívica Radical, la segunda fuerza parlamentaria, consideró que la nueva ley provocará una “catarata de litigios” y aseguró que el Gobierno se apuntó una victoria pero dejó al país una norma “casi impracticable”.

La “Autoridad de Aplicación”
1*Los artículos mas polémicos son los referidos a la creación de la Autoridad de Aplicación, encargada de regular los medios, que según la oposición estará controlada por el Gobierno, y al periodo que tienen las empresas periodísticas para acogerse a la nueva ley.

2*El texto establece que una empresa no puede tener más de diez licencias de radio y televisión, 14 menos que el límite actual, y que tampoco puede ser titular de un canal de TV de aire y de uno de cable en una misma localidad, uno de los puntos que mayores críticas ha suscitado entre las empresas con intereses en el sector.

En resumen:
La ley prohíbe que los poseedores de licencias de un canal de señal abierta puedan tener una señal de cable en la misma región.

Habrá límites al número de licencias para radios y canales de televisión regionales. Varios grupos de medios deberán renunciar a algunas licencias para preservar las operaciones más rentables, algo que permitiría la entrada de nuevos participantes al negocio.


La música, películas y programas locales tendrán un cupo mínimo garantizado en radio y televisión. Las estaciones de radio deberán dedicar el 30% de su emisión de música a artistas argentinos, y los canales de televisión deberán emitir al menos seis nuevas películas locales por año.


Se crea un nuevo ente regulador. El Gobierno también controlará al nuevo ente, pero este incluirá a miembros de la oposición. Críticos a la ley dicen que el ente regulador debe ser autónomo o depender del Congreso. El Gobierno también designará a un defensor del público que recibiría reclamos de los ciudadanos.


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