San Marcos y el terrorismo mediático

Publicado en el Blog del Tío Juan
19 Junio 2010
Por Juan Gargurevich

De un colega español aprendí la frase que él a su vez había escuchado de un viejo periodista: “Si no hay una buena noticia… ¡inflen el perro, inflen el perro!” que en cristiano quiere decir que exageren lo poco que tengan en la redacción para publicar en la próxima edición.

¿Origen de la frase? Me dijeron que era de Cervantes pero nunca lo averigüé. Pero supe, eso sí, que aquello de “inflar el perro” se practicaba en todo el mundo y no solo en sequía noticiosa sino también en ocasiones en que una nueva de tono menor se convierte en ocasión apetecible para la política.

Y me temo que esto es lo sucede con el promocionado “brote terrorista” en la Universidad de San Marcos donde un pequeño mitin de los cabeza-calientes de siempre ha sido convertido en el retorno de Sendero Luminoso.

Los profesores de San Marcos hemos sufrido desde siempre a los radicales que rondan las facultades de Letras, Ciencias Sociales, Derecho y otras y no se requiere del Servicio de Inteligencia para saber que hace muchos años que rondan por ahí haciendo ruido. Y sabemos también que se trata de pequeños grupos de incidencia insignificante.

No tienen ya la presencia de los años 80. Hubo entonces ocasiones en que irrumpieron en las aulas y expulsaron a profesores acusándolos de “cerdos capitalistas” y también los vimos alguna vez en pequeñas marchas de encapuchados llamando a la subversión, como si desde la pequeña Facultad de Ciencias Sociales se pudiera incendiar la pradera. Hace mucho de esto, más de 25 años, y solo son un mal recuerdo de los muchos de San Marcos.

Pero el periodismo que “infla el perro” está aprovechando del alboroto mediático creado alrededor de la salida de la cárcel de Lori Berendson y prolongándolo. Fue el periodismo el que reveló su paradero y promovió las protestas de los vecinos. Luego los mismos diarios y noticieros comenzaron a sacar la cuenta de los sentenciados que cumpliendo su condena han sido liberados a punto de obtener la libertad y ahora resulta que Lima está a punto de ser inundada por poco menos que un ejército de terroristas. San Marcos, sacudida en la actualidad por una ardorosa batalla interna, es la primera víctima.

¿Quién gana con esta ola de terrorismo mediático? Alguien, con seguridad, que cree que así obtendrá réditos políticos que podrían rendir frutos en las próximas batallas electorales que tenemos a la vuelta de la esquina.

Flaco favor está haciendo a nuestra democracia ese periodismo que exagera tanto pues todo conduce a la promoción del autoritarismo de derecha.

Unidad de Investigación de La República: 20 años de trayectoria

La República
07 de marzo de 2010
Por Carlos Castro

En febrero de 1990, cinco meses antes de que Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos se instalaran en el poder, se fundó la Unidad de Investigación de La República a iniciativa de Ángel Páez y con el respaldo de Gustavo Mohme Llona. Una decisión premonitoria frente a lo que se conocería después: la corrupción y los crímenes del fujimontesinismo. La fundación de la UI ocurrió en una época en la que el Perú era atravesado por dos lacras, la violencia terrorista y la corrupción. Esta semana, en un acto sencillo, con presencia de nuestro director, de los miembros de la UI y editores, recordamos sus 20 años.

La UI es hoy uno de los equipos periodísticos de mayor reconocimiento en su campo, dentro y fuera del país. La CVR en su informe resalta el papel de la UI de La República y de la prensa independiente. Un núcleo en el que también estuvieron las revistas Caretas y SÍ, y que reveló cómo el narcotráfico y los traficantes de armas se infiltraron en el régimen de AFF y corrompieron a los militares y a las instituciones. Todo ello organizado desde el SIN de Montesinos con la venia de Fujimori.

El expediente que sirvió para extraditar y procesar a Alberto Fujimori se sustenta en gran parte en las investigaciones que desarrolló este diario y su unidad. Gustavo Mohme Llona, director-fundador de La República, fue el primer periodista en denunciar en su columna, en noviembre de 1991, cuatro días después del hecho, que la matanza de Barrios Altos había sido ejecutada por un escuadrón de la muerte. Las investigaciones de Páez y de Edmundo Cruz y de los periodistas de la UI y otras áreas del diario confirmaron después la aseveración de nuestro desaparecido director. Este diario fue el primero también en denunciar, dos días después del hecho, el secuestro de un profesor y de nueve estudiantes de La Cantuta.

Pero la UI señaló además que las matanzas de Barrios Altos, La Cantuta y otras habían sido ejecutadas por el grupo paramilitar Colina, armado y protegido por AFF y Montesinos.

La historia de la UI tiene otros hitos. Reveló en los 90 la verdadera identidad del narcotraficante más poderoso de la época, Demetrio Chávez Peñaherrera, “Vaticano”, quien en represalia asesinó a Adolfo Isuiza, crimen por el cual nunca ha sido juzgado.

Fue la UI la que destapó la corrupción en la compra de los aviones de guerra MIG-29 y Sukhoi-25 a Bielorrusia, el único caso en el que un presidente, Alberto Fujimori, aceptó por escrito que su asesor, Vladimiro Montesinos, cobró una coima. Fue la UI la que reveló la compra de las líneas editoriales de los canales 4 y 2 y nuestro diario –entonces ya bajo la conducción de Gustavo Mohme Seminario– publicó los contratos con los cuales Montesinos se comprometía a pagar los millones de dólares a los Crousillat y Winters. Otras investigaciones importantes fueron la participación y el financiamiento del SIN en la campaña reeleccionista de Fujimori y que se graficó con los “vladipolos”, el espionaje telefónico, la compra de la prensa chicha, la compra de los congresistas tránsfugas, el destape de la falsa operación “Siberia”, el pago de la coima de US$ 16 millones de dólares de Fujimori a Montesinos, la operación “Diablo”, montada por una empresa privada de seguridad (Forza) con la complicidad de marinos que después aparecieron involucrados en los “petroaudios”.

El espacio es corto. Solo quisiera agregar que el régimen fujimorista, en un acto de cobardía, lanzó en respuesta una campaña de difamación e intentó acabar con las vidas de Mohme Llona, Páez y Cruz. A ellos, a los periodistas que pasaron por la UI y a los que continúan va nuestro homenaje.

Operación silencio

Extraído de La República

13 de junio de 2010

Corren tiempos difíciles para la libertad de prensa en la región, pero sobre todo para aquellos que defienden su derecho a informar en los países del llamado “eje chavista” (Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua). Allí cada vez hay menos espacio para expresarse con libertad.

Por Raúl Mendoza

“Ese medio de comunicación está cometiendo traición a la patria” puede decir con su voz engolada el presidente venezolano Hugo Chávez en cualquier programa del “Aló, Presidente” refiriéndose a un canal de TV, una radio o una publicación impresa solo porque fueron críticos de su gobierno. Con seguridad ese medio será víctima de represalias, porque Chávez es la cabeza de un proyecto autoritario que solo en el 2009 ha acumulado 246 violaciones a la libertad de expresión y, por si fuera poco, ha extendido su influencia nefasta a Bolivia, Ecuador y Nicaragua, donde también está pasando lo mismo.

El líder del socialismo del siglo XXI ha avanzado por etapas en el proyecto más autoritario de la región y podría decirse que ha establecido una suerte de ‘manual’ para hostigar, atacar, cerrar o controlar medios. En un inicio remarcaba en su discurso que los periodistas eran ‘el enemigo’, luego auspició grupos que atacaban a los reporteros o las sedes de los medios de comunciación, después promovió leyes incompatibles con la libertad de expresión y ahora, con esas normas, pone a las empresas de comunicación contra la pared a cada rato. Los presidentes amigos le copian el modelo, las formas y los objetivos: controlar la información, eludir las críticas y denuncias.

Llaneros en la lucha

“En mi país se plantea la falsa disyuntiva de que quien no está con el chavismo está contra él”, explica Carlos Correa, director ejecutivo de Espacio Público, una organización de defensa de la información y los derechos humanos en Venezuela, para describir la situación. Para él, Chávez busca la polarización porque de ella saca dividendos. “En Venezuela todavía hay canales de expresión y puedes plantear tu descontento, pero nadie te asegura que no habrá represalias”, señala. No están en el nivel de Cuba, pero cada vez se cierran más los espacios.

Entre las normas dadas por el gobierno que Espacio Público considera más atentatorias contra la libertad de expresión está la ‘ley de responsabilidad social’ que no solo sanciona a una persona que da declaraciones sino al periodista que hizo el reporte y al medio de comunicación que las hizo públicas. “Eso se está aplicando a Globovisión. Le abren proceso administrativo y lo suspenden por 72 horas. El canal ha acumulado cinco de estas sanciones”, dice Correa.

¿Qué se busca con estas medidas? La autocensura. Como cerrar una televisora privada y opositora es todavía difícil de lograr -en parte porque hay una gran movilización social opositora–, el chavismo genera un ambiente donde los medios se sienten siempre inseguros. “El año pasado, por ejemplo, se anunció el cierre de 250 radioemisoras por el vencimiento de sus licencias y se cerraron 32 de ellas. El efecto fue que muchas de las estaciones en peligro ahora lo piensan dos veces antes de difundir una información crítica”, cuenta Correa. Con ello se afecta el derecho de la gente a tener información y a contrastarla. A pesar de ello, entre los logros de la sociedad organizada en Venezuela está. 1) el fortalecimiento de los gremios periodísticos y sindicatos; 2) la denuncia constante de abusos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos; y 3) el apoyo a propuestas informativas opositoras como Radio Caracas TV: el chavismo los obligó a irse al cable y allí se convirtieron en el canal con más audiencia. Pero la lucha continúa, solo en el 2009 hubo 146 agresiones a periodistas y 77 a medios de comunicación.

Amigo centroamericano

En una reciente visita al Perú, Julio Icaza, del Movimiento por Nicaragua, señaló: “En un grupo de países de la región hay claras tendencias de presión y violencia contra la libertad de prensa”, refiriéndose a Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, y Argentina en menor medida. “En nuestro caso se repiten modalidades ya vistas en Venezuela como el chantaje a través de las concesiones de frecuencias radioeléctricas, el acoso tributario contra las empresas de comunicación, o la utilización de ‘pandillas’ que atacan a la prensa. Daniel Ortega gobierna despóticamente, maneja los asuntos públicos como si se tratara de su hacienda”.

Desde que asumió el poder en 2007 Ortega no ha dado conferencias de prensa y sus funcionarios no dan entrevistas a medios opositores. Su agenda, manejada por su esposa, Rosario Murillo, es un misterio. Su salud –según Reporteros sin Fronteras– es “secreto de Estado”. El periodista Carlos Fernando Chamorro –que en los 80 fue director del diario sandinista Barricada– fue denunciado judicialmente. Lo acusaron de lavado de dinero tras publicar una denuncia sobre tráfico de influencias en el gobierno. Otro periodista, Francisco Chamorro, director del Nuevo diario, fue acusado de fascista. Y Jaime Chamorro, director de La Prensa, también fue denunciado tras publicar una noticia. Así hay decenas de casos.

María José Zamora, también integrante del Movimiento por Nicaragua, señala que Ortega cada vez más se acerca al gobernante autócrata que era en los 80, cuando había un control absoluto de la información. “Hay por ejemplo un alto nivel de secretismo en las acciones y decisiones de Ortega”, precisa. En ese sentido el presidente nicaraguense no ha rendido cuentas sobre la cooperación venezolana en su país. “Con ese dinero ha comprado dos canales de televisión, el 4 y el 8”, complementa Julio Icaza. Al resto –cinco canales– los mediatiza con amenazas.

Desde que Ortega está en el poder, la sociedad nicaragüense se ha polarizado. Una situación no vista desde fines de los setenta, cuando el país estaba enfrascado en una guerra civil. Ahora el gobierno lucha contra el “imperio de los medios”. ¿Suena conocido?

Bolivia: Proceso con matices

Ramiro Orías, de la Red de Participación y Justicia de Bolivia, considera que su país está viviendo con Evo Morales un proceso de cambio político, social y económico importante, pero esto se ha desarrollado paralelamente al deterioro de la libertad de expresión. “Solo en los últimos 24 meses se han registrado, según el Observatorio Nacional de Medios de Bolivia, 350 actos de agresión física o psicológica a los periodistas en sus labores de cobertura”, explica. En la mayoría de casos se trata de ataques en turba, lo que convierte a las denuncias en mero trámite. Las instituciones encargadas no hacen nada para esclarecerlas. Más que leyes, aquí el mayor problema es la violencia contra el mensajero de noticias.

Y es que, como en Venezuela, Evo Morales ha declarado a la prensa “el principal enemigo del gobierno” (algo parecido dice Correa en Ecuador, además de otros adjetivos). “De todas las denuncias que se han hechos en los últimos dos años, solo el 15% ha llegado a nivel judicial y de esos solo dos casos han sido esclarecidos”, dice Orías. Según el experto, Bolivia tiene una nueva Constitución donde la libertad de expresión está razonablemente protegida, pero hay una gran contradicción con las prácticas autoritarias del gobierno.

Epílogo

Hay coincidencias entre los expertos consultados para esta nota: los sistemas democráticos están siendo debilitados más allá del signo ideológico. “A cualquier presidente, ya sea de izquierda o derecha, le gusta o le conviene un medio complaciente”, señala el venezolano Carlos Correa. Sin embargo, en los países citados, el Estado –como dijo un gremio de periodistas– “es una aplanadora que avanza por etapas contra los medios”. Ahí todavía aguardan varias batallas. Otro punto de coincidencia es que las violaciones a la libertad de expresión deben ser combatidas siempre porque no solo atañen a los medios de comunicación y a los periodistas, sino a toda la sociedad. “La libertad de expresión y el acceso a la información pública son derechos de toda la colectividad”, dice Ramiro Orías. Sin ellas la democracia no puede concretarse.

Cifras
Prensa y periodistas bajo la lupa:
• 138 ataques contra periodistas se registraron en Venezuela entre enero y abril. El 2004 fue el año con mayor número de ataques: 305.
• 350 agresiones a periodistas por parte de turbas se han registrado en Bolivia en los últimos 24 meses, según el Observatorio Nacional de Medios.
• 41 ataques contra la prensa se han registrado en Ecuador en lo que va del 2010, según información de Fundamedios.

Monopolio y prensa

Además de los proyectos autoritarios en nuestra región, hay también una tendencia a la concentración de la propiedad de los medios de comunicación en manos privadas, algo que entraña peligros para la pluralidad. El periodista Gustavo Gorriti, investigador del Instituto de Defensa Legal (IDL), precisa que se trata de un problema no solo regional sino mundial, que ha influido en la crisis actual de los medios. Como ejemplo cercano señala la participación del grupo Planeta como accionista mayoritario de El Tiempo, propietario a su vez de la revista Cambio, en Colombia. “Planeta redujo a su mínima expresión la revista –caracterizada antes por sus acuciosas investigaciones periodísticas– porque le interesaba tener buenas relaciones con el gobierno y lograr licencias para operar cadenas televisivas. Si para eso hay que sacrificar un medio o variar sus contenidos por otros más ligeros, lo hacen. Porque eso les permite ganar plata”. Para Gorriti, esta situación, que se repite en todo el mundo, trae como resultado la banalización de la información, y el empobrecimiento del debate público y de la democracia.

Había una vez una prensa peruana

Junio 14th, 2010
Author: Rocío Silva Santisteban
Extraído del blog KolumnaOcupa

                       Prensa y tetas por Alvaro Portales.

Durante lo que la CVR llamó el “conflicto armado interno” los periodistas peruanos se las jugaban por una primicia. Periódicos como El Observador o La República, o incluso Expreso y por supuesto Caretas, estrenaban reciente libertad de prensa y reporteros que aprendieron en la cancha a sobrellevar el miedo para andar en camionetas pick up por los cerros secos de los Andes ayacuchanos en busca de la verdad de la noticia. Ahí acechaban senderistas y fuerzas armadas, pero los jóvenes periodistas, incluso de semanarios políticos como Amauta o El diario de Marka (pre-PCP SL), o de estaciones de televisión a la vanguardia como lo fue la primera generación de Canal 9, lograban no solo primicias, imágenes intensas, sino también involucrarse emocional y racionalmente con sus objetos de reporterismo. Eso fue lo que llevó a Eduardo de la Piniella o a Willi Retto o a Jorge Luis Mendívil a traspasar las órdenes de inamovilidad y de cerrazón de la información del Comando Político Militar a las órdenes de Clemente Noel y aventurarse por las serranías de Uchuraccay.

Por esa fecha o un poco antes el Diario de Marka tenía uno de los mejores suplementos culturales que ha dado este país, El Caballo Rojo, que por ese entonces lo dirigía el poeta, ahora recientemente laureado con el premio Pablo Neruda, Antonio Cisneros. En El Caballo Rojo no sólo se escribían las mejores críticas culturales de literatura y de cine –Rosalba Oxanbadarat era una de las recordadas redactoras–, sino también incluía mucha información al día de las actividades culturales en toda América Latina, y no necesariamente eran repeticiones de cables, sino de colaboradores in situ. Recuerdo que yo, religiosamente, los domingos me mandaba con una caminata de diez cuadras desde mi casa hasta el otrora cine Canout, para comprar, en el kiosco de al lado, el suplemento. Y muchos de literatura de San Marcos, en ese entonces, hacían lo propio para conseguir el ansiado diario y leer la columna “El bostezo del lagarto”. En El Observador se reunía también un grupo excelente de jóvenes reporteros culturales, sobre todo de cine, y sus reseñas marcaban la pauta para poder lanzarnos a los ciclos de cine del Antonio Raimondi. Algunos años después, tras la caída de El Caballo Rojo o los suplementos de Página Libre o de El Mundo, uno que surgió contra todo pronóstico fue el Suplemento de Artes y Letras de Expreso, dirigido en ese entonces por un tímido e intelectual Umberto Jara.

Hoy todo ha cambiado. No hay suplementos culturales con ese nombre en los periódicos peruanos, ni desde una perspectiva tradicional, ni desde una perspectiva antropológica del término. Digamos que El Dominical de El Comercio podría llamarse así, pero no sé por qué extraño motivo, desde hace 20 años no termina de despegar. En nuestro diario y en otros hay suplementos dominicales, pero no necesariamente se dedican a fomentar específicamente la creatividad o los productos culturales, aunque claro que siempre le dedican algunas páginas (al fondo hay sitio). Por otro lado, la prensa en general se ha vuelto perezosa, inverosímil, asmática, fatigada, olvidadiza, repetitiva y, sobre todo, obtusa y muchas veces no reconfirman la fuente, ni cruzan la información, o simplemente la lanzan como El Comercio lanzó la captura de Crousillat y no pasó nada. Los reporteros no se elevan frente al peligro, sino que lo provocan, azuzan a la ciudadanía y hasta le meten lapos si lo requiere el lente de su camarógrafo. Me pregunto: ¿qué pasó desde ese entonces hasta ahora para que periodistas, reporteros y gráficos hayan olvidado por completo o ignoren a sus pares de antaño como Eduardo de la Piniella, Willi Retto o Jorge Luis Mendívil?

Esta kolumna ha sido publicada en La República el domingo 13 de junio.

Los petroaudios y la prensa

La República
Dom, 30/11/2008

El Instituto Prensa y Sociedad realizó el último miércoles un debate sobre la prensa y los ‘petroaudios’. Las intervenciones giraron sobre la pertinencia o no de usarlos para la investigación periodística al haber sido obtenidos ilegalmente. Si bien hubo opiniones encontradas, la posición mayoritaria señaló que dar a conocer el tema en los medios se justificaba porque con ello se destapó un caso de corrupción gubernamental.

Por Raúl Mendoza

“Si esta denuncia no amerita publicarse, entonces no sé qué lo amerite”, dijo Gustavo Gorriti, el último miércoles en el debate sobre los “petroaudios” en el local del Instituto de Prensa y Sociedad. Con ello respondía a intervenciones previas que ponían en duda el peso de la denuncia sobre la ilegal adjudicación de lotes petroleros. También dijo para los puristas: “Si dicen que el chuponeo se debe investigar, que se investigue. ¿Por qué no se investiga? Pero eso no debe servir para paralizar la denuncia”.

En el mismo sentido, Augusto Álvarez Rodrich, ex director de Perú.21, dejó esa misma noche otra frase para la platea. “Este debate me deja un poco triste, me da una sensación pesimista. El gobierno tiene muchos amigos en la prensa y cada vez quiere tener más”. Los presentes aplaudieron. Para él los “petroaudios” sí destaparon una corrupción extendida en los entes estatales, pero algunos periodistas le quitan importancia al tema por su cercanía con el gobierno o porque los audios no llegaron a sus manos.

A estas alturas, el escándalo de los “petroaudios” ha costado la caída de un gabinete, la cárcel de sus principales implicados, la investigación de funcionarios públicos, el despido de los periodistas que denunciaron el caso y ha tocado incluso a Palacio de Gobierno. ¿Puede haber dudas sobre el valor de la denuncia hecha en este caso? No. Sin embargo, se ha abierto una discusión en la prensa: aceptar o no pruebas obtenidas ilegalmente –‘chuponeadas’ por terceros– para impulsar investigaciones periodísticas.

Para algunos el caso es una bomba y para otros solo un bluff sobredimensionado.

Dilema ético

Después de que Cuarto Poder hizo públicos los audios, la mayoría de medios siguió el tema e incluso aportaron material inédito. Poco después se conoció que El Comercio tenía la información hacía muchos meses, pero no la publicó hasta que el caso estalló en TV. Juan Paredes Castro, editor de política del diario, explicó el miércoles que tras el cambio de director, la Unidad de Investigación presentó el material a los nuevos directivos y estos indagaron sobre la fuente de donde provenían.

“Pablo O’Brien, investigador encargado del caso, se negó a proporcionar la fuente”, precisó Paredes. Entonces se evitó la publicación. Solo lo hicieron cuando ya otros se habían adelantado. Paredes Castro también respondió una interrogante que dudaba de la posición principista de El Comercio. Se decía que el diario no había querido hacer público el caso para “no poner en peligro la gobernabilidad”. “Yo participé en las reuniones. No me consta que la dirección hubiera afirmado eso”. El editor de política hizo constar también que en estos meses su diario ha publicado artículos sobre el avance de la investigación, de manera paralela a su exigencia de perseguir a los chuponeadores.

¿Por qué razones publicaron otros medios? Gustavo Mohme, director de La República, respondió que el contenido de los audios era de interés público y su difusión beneficiosa para la sociedad. “Se desconocía el nivel de injerencia de Rómulo León en las instituciones estatales y el alcance de sus actividades. Había indicios razonables de actos irregulares y eso debía difundirse”, señaló. Esa posición también es la que defienden Laura Puertas, Gustavo Gorriti o Augusto Álvarez Rodrich.

Mohme explicó que hace un año La República también denunció el seguimiento y ‘chuponeo’ al padre Marco Arana, conocido por su permanente actividad en defensa de los derechos de las comunidades ante la actividad minera en Cajamarca, pero pocos hicieron eco de la denuncia. “En el reciente caso de los ‘petroaudios’, también hemos ido por esa línea y hubo notas de la Unidad de Investigación sobre el tema. Pero esa investigación no se ha concluido”, dijo.

La otra orilla

A contracorriente de estas posiciones, Mirko Lauer, flamante presidente de Ipys, no cree que el caso haya nacido de una investigación periodística. “En este caso la unidad de investigación fue la empresa de seguridad que realizó el chuponeo”, dijo. La denuncia para él ha sido un fracaso: “Miren la cantidad de tiempo invertido en Rómulo León y Alberto Químper. La corrupción hallada ha sido de un tamaño y lo publicado es más grande. Hoy el caso de Rómulo León se circunscribe a tráfico de influencias”.

Lauer llamó la atención porque se ha actuado apresuradamente acusando a personas que nada tienen que ver con actos ilícitos. Puso como ejemplo a José Ignacio López Soria –director de la Organización de Estados Iberoamericanos, grabado en una conversación con Rómulo León– quien estaría en condiciones de demandar a algunos medios por difamación.

Para Marco Zileri, director de la revista Caretas, el caso sí fue una gran primicia lograda por el programa Cuarto Poder, pero hasta el momento no ve a nadie más que a los primeros implicados –Rómulo León, Alberto Químper y otros más– envueltos en actos irregulares. “Yo conversé con Daniel Saba y César Gutiérrez, directivos de Perupetro y Petroperú, y me sorprendió la solidez de sus respuestas, la coherencia de ambos al explicar los procesos de subasta”, dijo.

También dijo que no ve nada que comprometa a un ministro realmente. Sobre esta idea precisó: “Que los ministros vayan a visitar a Canaán a su hotel 10 o 20 veces no significa nada. ¿Dónde está el delito? Por eso todos están libres”. Conclusión: para él el caso también es más pequeño de lo que parece.

Epílogo

Sin embargo, la investigación todavía tiene mucho por delante. Esta semana el secretario de Palacio de Gobierno, Luis Nava, y la secretaria del presidente de la República, Mirtha Cunza, debieron acudir ante la Comisión Investigadora de los “petroaudios” del Congreso por sus vinculaciones con el caso. ¿Puede un asunto que involucra a funcionarios tan importantes, ser solo un ‘casito’? Este puede ser, además, el principio para que cualquier acto similar sea detenido al menor indicio. Algo que sí sorprende es que hoy los fujimoristas tengan presencia interrogando a los citados al Parlamento. Nadie puede soportar a Carlos Raffo, el escudero de Alberto Fujimori, pegándola de moralizador.

“En Perú hay algunas situaciones que afectan la labor de la prensa”

23 de mayo de 2010La República
Por César Romero Calle.


Entrevista/Gonzalo Marroquín. Vicepresidente de la SIP y director del diario Prensa Libre, Guatemala. Advierte del peligro que la libertad de prensa sufra un retroceso en Latinoamérica por culpa de gobiernos y políticos autoritarios y déspotas.

¿Cuál es el objetivo de esta misión de la SIP en el Perú?

Conocer la situación de la libertad de prensa, ver algunos casos particulares y tener contacto con las autoridades para plantearles algunas inquietudes de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

¿Qué amenazas encuentran en el Perú?

Las autoridades muestran una disposición a respetar la libertad de prensa e información, pero hay algunas situaciones coyunturales que están afectando el libre ejercicio del periodismo. Aunque desde el punto de vista legal y democrático, el Perú está mejor que muchos países de la región.

¿Qué situaciones?

La impunidad en el asesinato contra periodistas, que no se manipule el usufructo de frecuencias radio eléctricas según la línea editorial del medio y la persecución judicial de periodistas.

¿Cómo encuentran el caso de Alberto Rivera?

Para nosotros se ha convertido en un caso emblemático. Estamos trabajando para que el caso no quede enmarcado dentro de la impunidad. El primer paso fue bastante satisfactorio, hubo condenas para los autores materiales. Falta que se concluya con el castigo para los autores intelectuales. Hemos visto irregularidades en el juicio al ex alcalde Luis Valdez. Esperamos que se revierta el fallo y que se haga un nuevo juicio imparcial.

¿La violencia afecta al periodismo en Latinoamérica?

Latinoamérica está muy golpeada por la violencia contra periodistas. Es preocupante y por eso tenemos una campaña contra la impunidad de los asesinatos. En la medida que los Estados aclaren los ataques y castiguen a los responsables habrá menos asesinatos.

En México, y se sospecha que también en el Perú, los asesinatos vienen del narcotráfico. ¿Es así en toda la región?.

En México y Colombia los asesinatos están vinculados al narcotráfico o al crimen organizado. En otros países son grupos paramilitares y se han multiplicado los atentados a periodistas del interior que denuncian corrupción de autoridades locales influyentes, prepotentes e intolerantes.

¿Se utiliza el aparato judicial para acallar a los periodistas?

Es un sistema que dentro de las democracias lamentablemente se está utilizando.

Esto sucede pese a que la democracia parece consolidarse.

Es triste que las democracias no promuevan la libertad de expresión. La mayoría de políticos cuando están en campaña dicen que respetarán la prensa, pero cuando llegan al poder cambian totalmente. La epidermis de nuestros políticos es muy sensible.

¿Qué pueden hacer la prensa y la comunidad?

Tomar conciencia de que cuando hablamos de libertad de prensa o expresión no estamos hablando únicamente del derecho de los periodistas, estamos hablando del derecho de toda la sociedad a trasladar información y a recibir información y a expresarnos libremente.

En este panorama, ¿cómo ve el futuro de la libertad de prensa?

Es preocupante. Creo que podríamos empeorar, por eso hay que fomentar una unión entre periodistas y sociedad civil, para que no sea una la voz de alarma que se levante, sino de toda la sociedad. Si no logramos una lucha conjunta habrá un deterioro de la libertad de prensa muy acelerado en la región.

¿Cómo influye la cercanía de un medio al poder?

Si el medio cae en la tentación de ser parte del poder, este lo va a afectar, por eso lo mejor es tener una distancia prudencial del poder que nos permita a ambos comprender que somos instituciones del Estado que no debemos convivir juntas, pero que debemos existir juntas.

“Nos preocupan las leyes que limitan a la prensa”

En este momento cuál es la principal preocupación de la SIP.

Además de los asesinatos de periodistas, la legislación en materia restrictiva. Se había manejado la idea de que la mejor ley de prensa es aquella que no se escribe, pero en EEUU ya se empieza a hablar de leyes de prensa que en realidad son leyes para controlar a la prensa. Una tendencia que hemos visto muy replicada en el hemisferio sur y que podría trasladarse a otros países.

Al término de su visita emiten un informe. ¿Este es vinculante?

Nuestras resoluciones no son vinculantes porque no somos parte de los estados y los gobiernos. Lo que hacemos es hacerlos públicos. En el Perú, por ejemplo, vamos a tener un intercambio con el organismo legislativo para proponerles algunas iniciativas que consideramos que podrían contribuir a mejorar los procesos judiciales.

De la SIP se dice que es un gremio de defensa de los dueños de medios.

Se nos dice de todo en algunos países. La SIP se forma por medios, pero nuestro objetivo es defender la libertad de prensa. El caso de Alberto Rivera, él no era miembro de la SIP. La voz de Bagua no se la conoce en la SIP, pero nosotros hacemos gestiones para que se respete su derecho a transmitir información. La SIP es una institución que defiende principios y valores, no defiende a sus asociados.