Los petroaudios y la prensa

La República
Dom, 30/11/2008

El Instituto Prensa y Sociedad realizó el último miércoles un debate sobre la prensa y los ‘petroaudios’. Las intervenciones giraron sobre la pertinencia o no de usarlos para la investigación periodística al haber sido obtenidos ilegalmente. Si bien hubo opiniones encontradas, la posición mayoritaria señaló que dar a conocer el tema en los medios se justificaba porque con ello se destapó un caso de corrupción gubernamental.

Por Raúl Mendoza

“Si esta denuncia no amerita publicarse, entonces no sé qué lo amerite”, dijo Gustavo Gorriti, el último miércoles en el debate sobre los “petroaudios” en el local del Instituto de Prensa y Sociedad. Con ello respondía a intervenciones previas que ponían en duda el peso de la denuncia sobre la ilegal adjudicación de lotes petroleros. También dijo para los puristas: “Si dicen que el chuponeo se debe investigar, que se investigue. ¿Por qué no se investiga? Pero eso no debe servir para paralizar la denuncia”.

En el mismo sentido, Augusto Álvarez Rodrich, ex director de Perú.21, dejó esa misma noche otra frase para la platea. “Este debate me deja un poco triste, me da una sensación pesimista. El gobierno tiene muchos amigos en la prensa y cada vez quiere tener más”. Los presentes aplaudieron. Para él los “petroaudios” sí destaparon una corrupción extendida en los entes estatales, pero algunos periodistas le quitan importancia al tema por su cercanía con el gobierno o porque los audios no llegaron a sus manos.

A estas alturas, el escándalo de los “petroaudios” ha costado la caída de un gabinete, la cárcel de sus principales implicados, la investigación de funcionarios públicos, el despido de los periodistas que denunciaron el caso y ha tocado incluso a Palacio de Gobierno. ¿Puede haber dudas sobre el valor de la denuncia hecha en este caso? No. Sin embargo, se ha abierto una discusión en la prensa: aceptar o no pruebas obtenidas ilegalmente –‘chuponeadas’ por terceros– para impulsar investigaciones periodísticas.

Para algunos el caso es una bomba y para otros solo un bluff sobredimensionado.

Dilema ético

Después de que Cuarto Poder hizo públicos los audios, la mayoría de medios siguió el tema e incluso aportaron material inédito. Poco después se conoció que El Comercio tenía la información hacía muchos meses, pero no la publicó hasta que el caso estalló en TV. Juan Paredes Castro, editor de política del diario, explicó el miércoles que tras el cambio de director, la Unidad de Investigación presentó el material a los nuevos directivos y estos indagaron sobre la fuente de donde provenían.

“Pablo O’Brien, investigador encargado del caso, se negó a proporcionar la fuente”, precisó Paredes. Entonces se evitó la publicación. Solo lo hicieron cuando ya otros se habían adelantado. Paredes Castro también respondió una interrogante que dudaba de la posición principista de El Comercio. Se decía que el diario no había querido hacer público el caso para “no poner en peligro la gobernabilidad”. “Yo participé en las reuniones. No me consta que la dirección hubiera afirmado eso”. El editor de política hizo constar también que en estos meses su diario ha publicado artículos sobre el avance de la investigación, de manera paralela a su exigencia de perseguir a los chuponeadores.

¿Por qué razones publicaron otros medios? Gustavo Mohme, director de La República, respondió que el contenido de los audios era de interés público y su difusión beneficiosa para la sociedad. “Se desconocía el nivel de injerencia de Rómulo León en las instituciones estatales y el alcance de sus actividades. Había indicios razonables de actos irregulares y eso debía difundirse”, señaló. Esa posición también es la que defienden Laura Puertas, Gustavo Gorriti o Augusto Álvarez Rodrich.

Mohme explicó que hace un año La República también denunció el seguimiento y ‘chuponeo’ al padre Marco Arana, conocido por su permanente actividad en defensa de los derechos de las comunidades ante la actividad minera en Cajamarca, pero pocos hicieron eco de la denuncia. “En el reciente caso de los ‘petroaudios’, también hemos ido por esa línea y hubo notas de la Unidad de Investigación sobre el tema. Pero esa investigación no se ha concluido”, dijo.

La otra orilla

A contracorriente de estas posiciones, Mirko Lauer, flamante presidente de Ipys, no cree que el caso haya nacido de una investigación periodística. “En este caso la unidad de investigación fue la empresa de seguridad que realizó el chuponeo”, dijo. La denuncia para él ha sido un fracaso: “Miren la cantidad de tiempo invertido en Rómulo León y Alberto Químper. La corrupción hallada ha sido de un tamaño y lo publicado es más grande. Hoy el caso de Rómulo León se circunscribe a tráfico de influencias”.

Lauer llamó la atención porque se ha actuado apresuradamente acusando a personas que nada tienen que ver con actos ilícitos. Puso como ejemplo a José Ignacio López Soria –director de la Organización de Estados Iberoamericanos, grabado en una conversación con Rómulo León– quien estaría en condiciones de demandar a algunos medios por difamación.

Para Marco Zileri, director de la revista Caretas, el caso sí fue una gran primicia lograda por el programa Cuarto Poder, pero hasta el momento no ve a nadie más que a los primeros implicados –Rómulo León, Alberto Químper y otros más– envueltos en actos irregulares. “Yo conversé con Daniel Saba y César Gutiérrez, directivos de Perupetro y Petroperú, y me sorprendió la solidez de sus respuestas, la coherencia de ambos al explicar los procesos de subasta”, dijo.

También dijo que no ve nada que comprometa a un ministro realmente. Sobre esta idea precisó: “Que los ministros vayan a visitar a Canaán a su hotel 10 o 20 veces no significa nada. ¿Dónde está el delito? Por eso todos están libres”. Conclusión: para él el caso también es más pequeño de lo que parece.

Epílogo

Sin embargo, la investigación todavía tiene mucho por delante. Esta semana el secretario de Palacio de Gobierno, Luis Nava, y la secretaria del presidente de la República, Mirtha Cunza, debieron acudir ante la Comisión Investigadora de los “petroaudios” del Congreso por sus vinculaciones con el caso. ¿Puede un asunto que involucra a funcionarios tan importantes, ser solo un ‘casito’? Este puede ser, además, el principio para que cualquier acto similar sea detenido al menor indicio. Algo que sí sorprende es que hoy los fujimoristas tengan presencia interrogando a los citados al Parlamento. Nadie puede soportar a Carlos Raffo, el escudero de Alberto Fujimori, pegándola de moralizador.