<h1>Correa ataca de nuevo tras meterle un gol a la CIDH en Cochabamba</h1>

Fuente La República
17 de junio de 2012

La sorda lucha de tendencias en la OEA continuará en Washington durante todo el año. Mientras tanto, el presidente Rafael Correa retoma su agresividad contra los medios, y la CIDH le vuelve a meter un caso a Perú en la Corte Interamericana.

Ricardo Uceda. Infos/

El Consejo Permanente de la OEA ingresa a un periodo de forcejeos diplomáticos durante seis meses, hasta que venza el plazo que le dio en Cochabamba la Asamblea General para que proponga cómo reformar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La película podría llamarse Misión Imposible. Es que la propuesta debe conformar a los que quieren que todo siga igual, a los que desean solo algunos cambios y a los gobiernos violadores de derechos civiles, que buscan inhabilitar a la Comisión.

De todos modos, la virginidad de la CIDH fue perdida en Cochabamba. El secretario general Miguel Insulza y el anfitrión Evo Morales facilitaron, en gozosa  complicidad, una presentación interminable de Rafael Correa para vituperar  a la CIDH y a su Relatoría para la Libertad de Expresión. En adelante los ministros y representantes tendrían solo cinco minutos para decir poco o nada. Finalmente, el plenario decidió hacer suyas las recomendaciones para la CIDH que un grupo de trabajo presentó  en enero pasado, encargando al Consejo Permanente que dijera cómo aplicarlas en un plazo dado. Esto último fue lo fuerte, y no tanto lo que dicen las recomendaciones.

Fuerte porque hasta el día anterior, la CIDH se autogobernaba, en uso de su autonomía establecida en el Convenio de San José. Ahora los gobiernos toman las tijeras  parahacerse un traje a la medida. Desean menos control sobre los estados, menos publicidad para los infractores, menos prestigio del sistema, concebido para defender a una persona de graves errores u omisiones de sus Estados.
Claro que la anterior es una de las lecturas. Como se verá, hay otra.

Comienza el partido

La discusión sobre la CIDH dejó en un segundo plano el asunto central de la agenda: la seguridad alimentaria, cuyos acuerdos llegaron recocinados a  la asamblea. También le quitó espacio al tema que interesaba a  Evo Morales: la salida al mar, la presión a Chile. Cuando se hizo evidente que sus socios del ALBA no lo apoyaron, la crítica al mandatario se hizo ostensible en Bolivia. ¿Para eso —se decía— había favorecido tanto a Ecuador?

Ecuador, en cambio, sí les reclamó coherencia a sus amigos. El canciller Ricardo Patiño se quejó de que había gobiernos que decían una cosa a nivel de cancilleres y en Washington, en el Consejo Permanente, hacían otra. ¿A quiénes se refería? El argentino HéctorTimerman, sintiéndose más que aludido,  habría replicado que en ellos había coherencia total: sí querían reformas en la CIDH. Y fue Timerman quien sugirió que discutieran el asunto solo los ministros de relaciones exteriores.

Acto seguido,  los cancilleres se reunieron a puerta cerrada. Era la hora de la verdad.

En la mesa estaba el informe del secretario general, que propuso reformar los estatutos de la CIDH vía asamblea y objetó su poder para disponer medidas cautelares a los Estados. En su momento este documento había sido aplaudido por Los Indignados –Venezuela, Ecuador, Brasil–, pero recibido fríamente por el resto, de modo que no fue debatido. Tampoco fue debatido un proyecto de resolución coordinado por México semanas atrás, que proponía el camino inverso: estudiar las  posibles reformas con la CIDH y la sociedad civil. Así las cosas, faltaba resolver qué se haría con las recomendaciones del grupo de trabajo ya aprobadas por el Consejo Permanente.  

Correa 1, CIDH 0

Estados Unidos y Canadá, por un lado, planteaban que las recomendaciones se analizaran en consulta con la CIDH, sin violar su autonomía. Los Indignados querían que se le impusieran los cambios. Hay países como Colombia que estando vivamente interesados en reformar a la CIDH por las continuas interpelaciones que le hace no se manifiestan contrarios a los principios que la sostienen. Lo mismo Argentina, que les hace el juego a los países del ALBA manteniendo un lenguaje políticamente correcto. Entre ambos extremos, un grupo de países navegaba por el centro, como México y Perú. Brasil, que ha retirado a su embajador permanente en la OEA hasta que se reforme la CIDH –bajo furia de la presidenta  Rousseff porque una medida cautelar le ordenó parar la construcción de una represa–, hizo yunta en los hechos con Ecuador. Aliado discreto de Los Indignados, la presión de Brasil ha determinado que la CIDH haya sido puesta contra la pared.

En esas condiciones los cancilleres llegaron al único acuerdo que podían tomar: “acoger” las recomendaciones y dejar para el Consejo Permanente la pelea de cómo aplicarlas. Cuando termine su trabajo habrá una Asamblea General Extraordinaria, la que según el plazo no debería exceder de marzo próximo. Nada indica que habrá consenso al cabo de esta etapa. En el momento mismo de redactar el acuerdo las posiciones eran irreconciliables, hasta que por fin hubo un texto que daba para que ambosextremos se sintieran incluidos. Algo así como someter a la CIDH “en diálogo” con los actores.

Por eso las intervenciones de Estados Unidos, Canadá y Costa Rica, y más tímidamente las de México y Chile, señalaron que su voto no era para que la independencia de la CIDH fuera afectada. Y por eso el ecuatoriano Patiño dijo, al término de la reunión: “Es un triunfo para América Latina”.

También la idea de que es un triunfo para Correa es una interpretación válida. Correa 1, CIDH 0. Mientras tanto, flotan en el ambiente las dos interpretaciones que permite el texto. Una, que lo acordado fue mejor que la propuesta de Insulza. Otra, que la tendencia a someter a la CIDH será irreversible.

DE VUELTA A CASA (I)

Pero el partido continúa, y de aquí al próximo año todo puede cambiar. Por ejemplo, es posible que en Venezuela Hugo Chávez ya no esté en la presidencia. Y vaya uno a saber el rumbo que tomará el enfrentamiento del presidente Rafael Correa con los medios.

A su regreso de Cochabamba, Correa ordenó a sus ministros no declarar a los medios privados. Ellos solo están autorizados para hacerlo ante el numeroso contingente de la prensa oficial. Así, en Ecuador se están dando situaciones inverosímiles para cualquier sociedad de este tiempo.

A las 7:12 de la mañana del viernes 15, en los estudios de Ecuadoradio –de los dueños del diario El Comercio de Quito– estaba en el aire el director de la emisora, Miguel Rivadeneira. Había invitado al viceministro de Seguridad Interna, Javier Córdova, para hablar sobre temas de su sector. El viceministro ya estaba en los estudios. Iba a ponerse los audífonos, y en ese momento recibió una llamada. El resultado salió al aire:

RIVADENEIRA: Antes de darle la palabra al viceministro quisiéramos decirles que nos habíamos preparado para tocar en esta entrevista un tema de enorme interés para ustedes: la seguridad interna. Quisiera preguntarle al viceministro si podemos hablar de estos temas. Muy buen día.

CÓRDOVA: Buenos días, Miguel, muchísimas gracias por la invitación. Esta era una entrevista previamente pactada y por ese motivo vine. Sin embargo, como bien conoces, como gobierno hemos decidido no dar este tipo de entrevistas, así que quería excusarme contigo y con los radioescuchas por no intervenir el día de hoy. De todas maneras, agradezco la invitación y les deseo buenos días.

RIVADENEIRA: Muchas gracias. Respetamos estas decisiones. Pero seguiremos invitándolos, porque quienes se benefician o se afectan son ustedes, los miles de oyentes de Ecuadoradio.

Cacería de radios

La situación ha coincidido con una campaña de cierre masivo de radios por faltas administrativas. El superintendente de Comunicaciones, Fabián Jaramillo, confirmó que en 2012 fueron cerradas  catorce emisoras y  anunció la clausura de veinte más.Radio Cosmopolita, pionera de la radiodifusión en Ecuador, con 59 años a cuestas, ya no sale al aire.

–Cometimos el pecado de entrevistar al líder opositor Lucio Gutiérrez –dijo para esta nota su propietario, Fernando Guanoluisa

Como es obvio, estas acciones obligarán a actuar a la Relatoría para Libertad de Expresión, que a su vez será más cuestionada por Ecuador. Por su parte, la prensa que investiga enerva más aún a Correa, con lo cual termina de dibujarse un perfecto círculo vicioso.

Antes de que Correa se subiera al avión que lo llevaría a Cochabamba El Universo demostró que una empresa protegida por la familia del zar de las comunicaciones gubernamentales, Fernando Alvarado, se benefició obscenamente con contratos irregulares del Estado. Y a su retorno de Bolivia el diario narró la súbita prosperidad de Camilo Samán, su ex tesorero de campaña y amigo de la universidad, quien antes de acceder irregularmente a un cargo público era un deudor embargado. Ahora Samán, a la cabeza de la estatal Corporación Financiera Nacional, aprueba créditos por más de mil millones de dólares anuales.
–La medida tiene un efecto adicional al de la desinformación –dijo César Ricaurte, director de Fundamedios, una ONG defensora de la libertad de expresión en Ecuador–: los ministros o funcionarios denunciados ya no tienen que responder a las acusaciones.

DE VUELTA A CASA(II)

La delegación peruana también tuvo novedades cuando regresó a casa. La CIDH había enviado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso de Jeremías Osorio Rivera, un desaparecido de Cajatambo.

Fue detenido por una patrulla del Ejército el 28 de abril de 1991, y nunca apareció después. La CIDH concluyó que Osorio fue torturado dos días después de su detención, y que posteriormente los militares dieron información falsa sobre su paradero. Cuando quedaron sin efecto las leyes de amnistía, la desaparición fue objeto de un juicio que aún no concluye a nivel de la Corte Suprema. Una resolución judicial de noviembre del 2011 absolvió a uno de los acusados, el oficial Juan Tello Delgado, conocido como Conan. De acuerdo con la CIDH, el Estado Peruano no cumplió sus recomendaciones de investigar adecuadamente el caso y reparar a las víctimas.

El día que se recibió la noticia hubo imprecaciones contra la CIDH en el despacho de Justicia. Las más sonoras, trascendió, eran las del ministro Juan Jiménez.