Comunicación y Poder

La República
25 de octubre de 2009

No parece coincidencia que en Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua y Argentina, los gobiernos estén enfrentados a los medios de comunicación. Los consideran sus principales opositores y mientras unos buscan debilitar su influencia, otros ensayan mecanismos legales para sacarlos del aire. Esta nota da cuenta de los mecanismos de control que intenta Rafael Correa en Ecuador y lo que ya ha logrado Cristina Fernández de Kirchner en Argentina.

Por Raúl Mendoza

Desde que Hugo Chávez inició su cruzada en Venezuela para, según su visión, “democratizar los medios de comunicación y ponerlos al servicio del pueblo”, el fantasma de la censura flota sobre este y otros países amigos del chavismo como Ecuador, Argentina, Bolivia y Nicaragua. En estos países el enfrentamiento con la prensa se ha desatado de manera directa e incluso se ha dictado nueva legislación para precisar los límites en que deben moverse las empresas de comunicación.

El estilo, confrontacional y peyorativo, de Hugo Chávez es imitado sin rubor por sus aliados. Todo indica que quieren una prensa monocorde, o controlable por lo menos. En las últimas semanas dos casos han vuelto a poner el tema del control de los medios de comunicación sobre la mesa: tres proyectos de Ley de Comunicación que están a debate en el Congreso de Ecuador y la llamada “Ley de Medios” aprobada recientemente en Argentina. Examinemos aquí esta confrontación.

El caso ecuatoriano

Para nadie es un secreto que el presidente ecuatoriano Rafael Correa no es muy dado a escuchar las voces disonantes. Lo prueban los insultos que ha lanzado contra la prensa y los periodistas que cuestionan su gestión. Les ha dicho desde ‘mafia racista’ hasta ‘miseria humana’, pasando por lacayos, incompetentes, mentirosos, calumniadores, vendidos, payasos y sigue la lista. Es cierto que algunos sectores aislados de la prensa ecuatoriana, generalmente conservadora, han lanzado epítetos inaceptables hacia las autoridades, pero eso no justifica un remedio peor que la enfermedad. Igual que Chávez, Correa tiene un programa de TV todos los sábados y desde allí constantemente ataca al periodismo que lo critica.

Hace una semana una misión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) llegó a Ecuador para recoger en el terreno información sobre los tres proyectos presentados en el Congreso ecuatoriano y de los cuales puede salir la próxima Ley de Comunicación de ese país. Allí, luego de revisar las normas y de entrevistarse con voceros del oficialismo, de la oposición y de los gremios periodísticos, la misión de la SIP señaló que la libertad de prensa en Ecuador corre peligro.

“Los tres proyectos de Ley de Comunicación que se debaten en la Asamblea son restrictivos y atentan contra la libertad de prensa”, dijo el organismo en un comunicado. Sin embargo, de esos proyectos el más preocupante es el presentado por el asambleísta de Alianza País, Rolando Panchana. “Si pasa esa ley, Ecuador tendrá la ley más restrictiva de América Latina, inclusive más que la que rige a Venezuela”, ha advertido Gonzalo Marroquín, primer vicepresidente de la SIP, quien encabezó la misión.

El gobierno ecuatoriano insiste en que “es necesario regular a la prensa por medio de esta legislación, como una acción de defensa de los derechos de la población”. Rafael Correa ha defendido el derecho de la sociedad a tener “información veraz, equilibrada y plural”. Esto lo suscribiría cualquier mortal con dos dedos de frente, el problema surge cuando ellos son los que califican qué es veraz, equilibrado o plural. Entre los principales cuestionamientos que se han hecho a los proyectos de ley en debate está la exigencia de imponer códigos de ética a los medios, la profesionalización obligatoria para el ejercicio del periodismo y la intención notoria de “controlar y castigar a los medios de comunicación” críticos.

Para la SIP “no hay personas ni sociedades libres sin una absoluta y plena libertad de expresión”. Sobre esto último Correa no ha dado muestras de mucho espíritu democrático: en los primeros dos años y medio de su gestión abrió 25 procesos administrativos contra 5 estaciones de televisión y dos de radio. En los últimos tiempos ha seguido una campaña de ataques contra la televisora opositora Teleamazonas y no ha dejado de calificar de ‘complot’ toda investigación periodística que ponga en cuestión la realidad ecuatoriana que él quiere mostrar.

Kirchner vs. medios

Si bien la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner tiene públicas cercanías con el gobierno de Caracas, el proceso que encabezó en su país para promulgar la llamada “Ley de Medios” o Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual ha tenido características singulares. Allí la norma fue vista más bien como un público enfrentamiento entre el gobierno y el grupo Clarín, un holding multimedios que controla más de un centenar de empresas vinculadas a la comunicación. Clarín es dueña de diarios, un canal abierto y uno de cable, radios, revistas, agencias de noticias, medios digitales, repetidoras y administraba hasta hace poco la transmisión de los partidos de fútbol.

Las propiedades del gigante multimedios le dieron la excusa perfecta al gobierno argentino para justificar la ley: acabar con los monopolios. La nueva norma, firmada por Cristina Fernández el 11 de octubre, reduce a diez las licencias audiovisuales concedidas a una compañía. En el caso de entidades como Clarín, va a tener que deshacerse de sus empresas en el plazo de un año. La ley también divide en tercios el espectro radioeléctrico: una parte para los privados, otra para los medios estatales y otra para las organizaciones sociales. Esto último ha dado pie a críticas al gobierno: autorizará las licencias de transmisión de las organizaciones sociales y, sumado a los medios estatales, tendrá mayor porcentaje de radios y canales “amigos”.

La aplicación de la ley sin duda limitará la influencia mediática de medios opositores. Sin embargo, no son pocas las voces que la respaldan. Prestigiosos periodistas como Jorge Lanatta han dicho que “hacía falta una nueva ley de medios porque la que existía fue dada por la dictadura”. Otro periodista, Horacio Verbitski, ha señalado que “este proyecto es superior a los anteriores porque ninguno surgió de un proceso de elaboración tan amplio, extenso y participativo”. En general para distintos sectores en Argentina había la necesidad de regular la propiedad de los medios, el punto es que se ha utilizado este vacío para golpear a los sectores más críticos del oficialismo.

No obstante, para una publicación como la revista “Noticias de la Semana”, aquí no estaba en juego la libertad de prensa sino el poder y los negocios. Como el gobierno y Clarín no llegaron a entenderse sobre las relaciones que debían tener, estalló el conflicto. Para el escritor Jorge Asis, han perdido ambos: primero el gobierno, dado que ha quedado en evidencia que se quiere silenciar las denuncias de corrupción en su contra, pero también Clarín, que deja muchas dudas sobre su credibilidad al denunciar ahora lo que calló durante varios años.

Epílogo

Hay algunos factores que se repiten en los países que enfrentan esta “ola” controlista: el argumento de ‘democratizar’ los medios porque están en manos privadas que las usan para sus intereses, la polarización que los gobernantes buscan para consolidarse políticamente, el descrédito en que quieren encasillar a la prensa para avasallarla, el interés de controlar, sobre todo, las señales de televisión. “En los tres últimos años se está imponiendo un patrón de acoso sistemático a los medios independientes en Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua y, en menor grado, Argentina”, dice la SIP.

En Venezuela siguen las sanciones contra Globovisión y se han cerrado hasta ahora más de 60 emisoras de radio. Y el (mal) ejemplo cunde. “Apaguemos la televisión y tengamos la mente limpia. No es necesario leer periódicos”, recomienda Correa en su programa semanal de radio; “Solo el 10% de los periodistas son dignos”, ha dicho Evo Morales. “¿Justifica la justicia social la violación de las convenciones democráticas?”, se preguntaba el periodista español Miguel Angel Bastenier, refiriéndose al eje bolivariano. “No, porque no se conoce un solo caso en el que el autoritarismo haya sido igualitario”, se respondía.

Daniel Ortega y la prensa

Dicen que el presidente nicaragüense Daniel Ortega tiene una tendencia al secretismo desde que era uno de los líderes del Frente de Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), pero ahora esa característica se ha exacerbado. Su primera regla es ignorar a los medios de comunicación. Los considera financiados por la CIA y controlados por la oligarquía. Él solo da entrevistas a periodistas amigos y su gobierno solo da información a los medios cercanos. Un informe del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) señala que su estrategia para avasallar a los medios opositores o simplemente independientes es manipular la distribución de la publicidad oficial –que va en su mayoría al Canal 4, vinculado a su familia– e imponer embargos publicitarios a la prensa crítica.

La prensa en el país también tiene problemas internos: los gremios periodísticos sandinistas tildan de ‘derechistas’ a quienes discrepan y han politizado el debate sobre la libertad de informar. Ahora la preocupación de los organismos internaciones está centrada en que Ortega intente una reforma constitucional, para tentar un nuevo periodo presidencial. Ahí sí podría cerrarse más el cerco sobre la prensa.