No hay que “despenalizar”

26 de octubre de 2008
La República
Por Federico Salazar

Los delitos contra el honor no deben dejar de tener sanción penal. Hay quienes creen que la cárcel es una pena excesiva para quien difama, injuria o calumnia. Quieren "despenalizar" estos delitos.

En muchos casos la injuria o la difamación no merecen una pena tan drástica. Eso no quiere decir, sin embargo, que la ley no deba prever el caso en que el daño sea de similar gravedad a la de un robo o una lesión al cuerpo, por ejemplo.

En nuestro ordenamiento penal, además, existe la conversión de la pena privativa de la libertad. Eso quiere decir que el juez puede convertir una pena de este tipo por otra de multa o de servicios a la comunidad (art. 52 del Código Penal).

Si de algo padece nuestro orden penal es de un trato excesivamente tolerante con el condenado. Las penas en algunos casos son escandalosamente favorables al delincuente.

Por apropiación ilícita hay un máximo, por ejemplo, de cuatro años. Con la conversión, el ladrón no va a la cárcel. Para el asesinato (¡asesinato!) la pena puede ser de quince años. Con beneficios, eso puede quedar en cinco.

El que realiza una matanza de miembros de un grupo nacional, étnico, social o religioso recibe apenas veinte años. Con beneficios, pueden ser siete.

La justicia no se reduce a la reparación civil. La justicia sanciona la infracción contra el orden de protección de los derechos de las personas.

Imaginemos que la difamación se resuelva solo a través de una multa fuerte o una reparación alta. En ese caso, tendrían más opción a difamar los que tienen más dinero.

Al restringir estos delitos al ámbito civil, el derecho de las personas a la reputación, al honor, al buen nombre, a la privacidad carecería de una protección coercitiva. La ley dejaría en este caso de establecer un freno objetivo y universal, independiente de la circunstancia de los involucrados.

Hay quienes creen que la pena privativa de la libertad en casos de delitos de esta especie es una suerte de espada de Damocles sobre las libertades de expresión y de prensa. No lo es.

Los medios de comunicación y los periodistas tienen siempre una espada de Damocles frente a la arbitrariedad. Cualquier figura delictiva puede ser usada por una autoridad abusiva.

Ese riesgo profesional no nos debe llevar a relajar nuestros estándares. Si no nos cuidamos de no difamar, no injuriar, no calumniar, ¿para qué diferenciar la información periodística del chisme, el rumor o la maledicencia?

No hay que "despenalizar" los delitos contra el honor; más bien, hay que mejorar nuestra competencia profesional.